Cuoteo político acaba con decenas de concejalas al año

 Fuente:http://www.fmbolivia.net/noticia51861-cuoteo-poltico-acaba-con-decenas-de-concejalas-al-ao-amp148.html

Los municipios del país son las entidades donde el acoso político se manifiesta con más crudeza. La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Delia García, en entrevista con Cambio, señaló que, desde 2011 y lo que va del año, al menos 100 autoridades ediles, entre concejalas y alcaldesas del país, fueron víctimas de acoso y violencia política, por los cuales renunciaron “forzadamente” a sus cargos.

Según la representante de las concejalas del país, la mayoría de esos casos tiene que ver con el cuoteo político. Es decir que los partidos políticos han comprometido estos cargos.

—¿Qué hace Acobol para defender a las autoridades ediles?
—Recientemente hemos firmado un convenio con el Órgano Electoral Plurinacional para garantizar el trabajo de todas las mujeres que fuimos electas desde la base, es decir, desde el inicio de gestión hasta la finalización del cargo.

—¿Cuáles son las mayores preocupaciones de Acobol sobre esa problemática?
—Vemos con mucha preocupación que desde el año 2011 hemos tenido 100 mujeres suspendidas de sus cargos, entre alcaldesas, concejalas y presidentas de Concejos. Ellas pusieron la denuncia en Acobol, nosotras las presentamos a las instancias judiciales, pero no hemos tenido ningún resultado, y lo que más nos llama la atención es que ninguna de las compañeras ha retornado a sus espacios, quizá por temor, y ahora sus lugares los ocupan sus suplentes varones.

—¿A qué atribuye esos indicadores de violencia contra las autoridades edilicias?
—Aún falta la reglamentación de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, a nosotras no nos basta sólo la norma. Si no hay reglamentación, que nos guíen cómo vamos a ejecutar (la norma) y quiénes van a ser los órganos que lleven adelante las sanciones, los procesos. Es como si estuviéramos en cero.

Quiero recordar que todavía están y estarán en la memoria de Acobol las dos mujeres concejalas asesinadas, de las cuales las investigaciones no arrojan hasta ahora los resultados.
La presidenta de un concejo municipal, de una provincia de Chuquisaca, también fue obligada a renunciar en un cabildo.

—Cuando señala que no hay resultados en el esclarecimiento de las agresiones de acoso y violencia política, ¿quiere decir que hay retardación de justicia?
—Esperamos que las instancias judiciales se alíen con nosotras y se haga una verdadera justicia. No es poco para nosotras, aparte de ser madres, esposas, abuelas, amas de casa e hijas, tener una responsabilidad grande de poder llevar adelante lo que es la dirección de una concejalía o la Presidencia de un Concejo o Alcaldía.

Ser madre es una gran responsabilidad, que la asumimos con mucho amor, y esa experiencia de la buena administración de un hogar la trasladamos a nuestras instituciones.

—En su opinión, ¿cuál es el grado de responsabilidad de los partidos políticos en esta problemática?
—Hay partidos políticos que han comprometido sus medidas, mediante la firma de acuerdos por dos años y medio, la titularidad; y dos años la suplencia. Ahora, como se viene el fin de año, estoy segura de que, de las 776 concejalas que somos, al menos otras autoridades mujeres se verán obligadas a dejar sus cargos.

Esto nos debe preocupar, sobre todo por las autoridades judiciales, para que éstas hagan una verdadera justicia en el marco del ejercicio pleno de la democracia.

—¿Estos hechos ponen en entredicho la aplicación de la equidad de género, incluida en la Constitución Política del Estado?
—La Constitución Política del Estado dice que el 50% de las autoridades electas debe ser de sexo femenino, y 50% varones; sin embargo no se cumple, porque en los 337 municipios sólo el 43% es femenino.

Imagínese a aquellas mujeres que todavía no presentaron su denuncia; entonces nos preocupa y llamamos a la reflexión para que se haga justicia.

Vamos a hablar con todas las instancias judiciales para que se haga una verdadera justicia, y que todas las mujeres que han sido electas por el voto popular puedan desempeñar los cargos para los que fueron electas.

—En este contexto, ¿qué garantía hay para que las concejales culminen su gestión?
—Si seguimos así, con los acuerdos políticos partidarios, que para nosotras son perjudiciales, caerán de sus cargos unas 100 mujeres, y estoy segura de que el 95% será ocupado por varones, y esto no es legal, no es ético.

En este sentido, seguiremos trabajando para ver cómo podemos solucionar esta situación hasta fin de año. También pedimos al Tribunal Electoral que nos ayude a ver cómo podemos hacer para que estos acuerdos y firmas entre concejales y partidos políticos queden sin efecto.

—Mientras se reglamenta la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, ¿qué hará Acobol?
—Esperamos que las autoridades del Gobierno apresuren la reglamentación, porque hasta ahora ni una sola mujer ha regresado a su fuente laboral; entonces, de qué estamos hablando: hecha la ley hacha la trampa.

—En este contexto, ¿qué le dice a las víctimas de esta práctica política?
—Lo primero que se hace en los municipios chicos es llevar la denuncia a la Acobol de su departamento. Una vez que el informe se encuentra en esta institución, entonces nosotras, mediante una asesora legal, trabajamos para evidenciar el caso y levantar la denuncia y hacer el correspondiente seguimiento.

Acobol lleva la denuncia a las instancias judiciales; sin embargo, las acusaciones que hemos presentado no han tenido resultados, ni siquiera se han iniciado las investigaciones. Otras denuncias están en el Tribunal Constitucional, y sus funcionarios nos dicen que todavía no tienen fecha de audiencia. Entonces estamos en cero.

—¿Cuál es el factor común de los casos a los que hacen seguimiento?
—En la mayoría de los casos, es decir el 95%, el tema es político; y la verdad es que la mala política no nos está dejando avanzar, porque los partidos no están colaborando con sus representantes.

—¿En qué departamento se registran más denuncias?
—En La Paz, Potosí y en Oruro. Sin embargo, una de las muertes registradas ha sido en Guayaramerín (Beni), y la otra en La Paz, en Ancoraimes.

Cambio

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