Chilenas en silencio sobre su propia desigualdad salarial

Fuente: IPS noticias

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, ago (IPS) – “Sé que mis compañeros ganan más que yo y trabajan lo mismo o incluso menos. Además, mis empleadores me mantienen en un cargo que no es gerencial, pese a que realizo trabajos de ese rango”, narró Pamela, una profesional chilena con un doctorado en economía. Pero ella prefiere guardar silencio.

Pamela, de 39 años, casada y con dos hijos, admitió a IPS que no denuncia la injusticia para mantener el empleo.
Su entorno laboral es machista, pese a que casi todos sus colegas poseen estudios de posgrado universitario, dijo. “Uno tiende a pensar que, mientras más estudias, más razonas. A veces no puedo entender que mis compañeros no sean capaces de competir de igual a igual conmigo”, dijo.
“Lo más increíble son los argumentos que utiliza mi jefe, que asegura que mi rol no es de proveedora, porque tengo un esposo que también trabaja, mientras que mis compañeros hombres deben responder por toda su familia. Realmente es inaceptable”, sentenció.
En América Latina, los estudios muestran que son principalmente las mujeres las que se convierten en el sustento económico de sus hogares en tiempos de crisis.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del Ministerio de Desarrollo Social indica que un tercio de los hogares chilenos consultados tienen como jefa a una mujer, situación que crece hasta 43,2 por ciento en las familias pobres y a 47,9 por ciento en las indigentes.
A partir de estas cifras, un estudio de la Dirección del Trabajo señala que “la eliminación de la brecha de ingresos en razón de género implicaría una reducción de ocho por ciento de la extrema pobreza, y un aumento de dos por ciento en el ingreso por persona en promedio”.
Datos de la Casen indican que, según el ingreso promedio por hora de los asalariados, las mujeres ganaban 20,1 por ciento menos que los hombres en 1990, y 15,8 por ciento menos en 2009. Si bien las cifras muestran una evolución positiva, las diferencias se mantienen profundas.
Según el estudio de la Dirección del Trabajo, la desigualdad en los salarios masculinos y femeninos llega a 37 por ciento cuando se trata de mujeres con estudios de posgrado.
Uno de los principales argumentos para pagar menos y contratar menor cantidad de mujeres es la multiplicidad de funciones que ejercen, como la maternidad y los quehaceres del hogar, mientras que el hombre se perfila con una identidad de proveedor y trabajador.
“Las consecuencias de las discriminaciones que afectan a las mujeres, en el ámbito político, económico, laboral, sexual, etcétera, tienen un impacto directo en el desarrollo de nuestras naciones”, dijo a IPS la exministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz.
Albornoz precisó que “la falta de acceso o la escasa participación de las mujeres en el mercado del trabajo y la división sexual del trabajo promueven que en la cultura general de los empleadores se entienda que ellas deben cumplir roles determinados relacionados con las labores domésticas y el cuidado de la familia”.
El salario de la injusticia
La remuneración es clave en todo trabajo y una dimensión central de las relaciones laborales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) insiste en que pagar menos a las mujeres es una de las formas más evidentes de discriminación y que erradicarla es “fundamental para alcanzar una igualdad de género genuina y fomentar la igualdad social y el trabajo decente”.
Para Albornoz es “inadmisible” que a una persona se le pague menos por “el solo hecho de ser mujer y portar todas las cargas que culturalmente se le asignan, aunque tenga la misma calificación que un hombre, desempeñe el mismo trabajo, con igual nivel de eficiencia y eficacia”.
Según la OIT, las diferencias salariales a nivel mundial tienen un promedio de 15,6 por ciento. Una mujer debe trabajar un mes y 22 días más por año para equiparar los ingresos de sus pares masculinos.
Una ley, un avance
Para mitigar los efectos de esta discriminación, en 2009 se promulgó la Ley de Igualdad Salarial, impulsada por el gobierno de entonces de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010), que obliga a las empresas con una plantilla mayor a 10 personas a tener un reglamento que permita a las empleadas reclamar si se sienten vulneradas en sus derechos.
Si la empresa no da respuestas en 30 días, o la mujer no queda conforme con los resultados, puede acudir a la justicia.
También indica que los hombres y mujeres tienen derecho a percibir el mismo salario ante igual trabajo, aunque advierte que no es discriminatorio pagar más a los hombres que muestren mejor idoneidad, calificación y responsabilidad que mujeres en la misma función. El cuestionamiento surge cuando se intenta medir esas cualidades.
Pero no muchas compañías y empleados conocen esta norma.
La Segunda Encuesta Voz de Mujer, realizada por ComunidadMujer (http://www.comunidadmujer.cl/) y el Banco Interamericano de Desarrollo, publicada el 26 de julio, señala que solo 49,9 por ciento de las asalariadas chilenas consultadas saben lo que ganan sus compañeros masculinos en igual cargo.
Andrea Betancor, directora de Estudios de ComunidadMujer, explicó a IPS que esa información es imprescindible a la hora de iniciar acciones judiciales en el marco de la ley.
Agregó que la legislación impone que solo las empresas con más de 200 empleados tienen que hacer descripción de cargos, y sin esa información “es imposible llevar adelante los reclamos”.
Con todo, Albornoz defendió la normativa, porque puso el tema en el debate y estableció la igualdad de salario en el Código del Trabajo, haciéndose eco de tratados de la OIT que Chile ratificó.
“Fue un buen primer paso, pero insuficiente todavía”, aseveró.

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