DEMANDAN A MINISTERIO PÚBLICO GARANTIZAR LA CREACIÓN DE FISCALÍAS DE MATERIA ESPECIALIZADAS EN DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Fuente: Coordinadora de la Mujer – Observatorio de Género – Alerta Sección Violencia contra las Mujeres – La Paz, 24 de julio de 2012.

En el marco de nueva Ley de Ministerio Público, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional

Tras la aprobación de la Ley del Ministerio Público por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, representantes de 11 organizaciones sociales matrices nacionales y la Coordinadora de la Mujer demandaron al Fiscal General la creación de Fiscalías Especializadas en delitos vinculados a la Violencia contra Mujeres, para garantizar una respuesta eficaz y eficiente de la justicia a quienes son afectadas por estos delitos.

En Conferencia de Prensa, las representantes señalaron que al ser el Ministerio Público la institución del Estado encargada de ejercer la acción penal pública tiene un rol fundamental en el juzgamiento y sanción de delitos, entre ellos, los actos de violencia contra las mujeres pero que, hasta la fecha, muchos de ellos quedan en la impunidad.

La demanda se enmarca en el Artículo 30 de esta nueva normativa, que establece entre las atribuciones del Fiscal General la de “disponer la creación de direcciones, coordinaciones, áreas o unidades especializadas, y designar a los responsables, Fiscales especializadas o especializados y el personal necesario”, por lo que las organizaciones señalan que una de las prioridades debe ser la de crear esta fiscalía especializada en delitos vinculados a la violencia contra las mujeres.
“Del 100% de los expedientes de casos que abordan materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de prueba y de est! os, el 41% corresponde a delitos sexuales”, señalaron, haciendo referencia a una investigación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2007. “No podemos seguir en la impunidad y la creación de estas fiscalías es fundamental para que el Ministerio Público cumpla con su rol de forma efectiva y con criterios especializados de género”, indicaron.
Ejemplo de ello, afirmaron, es que en 2008, hubo un total 3.475 denuncias  de violencia sexual registradas en instituciones públicas y privadas de cinco capitales de departamentos y El Alto, pero sólo se emitieron 935 sentencias en materia de violencia sexual desde los Tribunales Departamentales de Justicia. (Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer)

Señalaron que la realidad de violencia contra las mujeres en Bolivia es una problemática lacerante, por lo que el Ministerio Público debe responder de manera adecuada a ella.

En este sentido dieron a conocer algunos datos: Siete de cada diez mujeres en el país sufren algún tipo de violencia; de cada diez personas que acuden a los Servicios Legales Municipales (SLIM), nueve son mujeres que viven agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas –gran parte de ellas son lesiones graves y gravísimas. Sólo en el segundo semestre de 2009, 11.249 mujeres denunciaron haber sufrido violencia en la familia  (INE, VIO – 2010). Asimismo, afirmaron que una mujer muere cada tres días víctima de feminicidio en Bolivia (CIDEM), siendo en más de la mitad de los casos las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Desde 2011,  11 organizaciones sociales y la Coordinadora de la Mujer se dieron a la tarea de construir propuestas y presentarlas con miras a aportar a la nueva ley del Ministerio Público, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las representantes señalaron que si bien la Ley del Ministerio Público no recogió plenamente las propuestas planteadas desde las mujeres, existen algunos elementos incorporados que deben ser implementados con eficacia, como las fiscalías especializadas, ya que para garantizar el acceso efectivo a la justicia, es fundamental que se visibilicen y atiendan de forma particular las realidades que afectan de manera específica a las mujeres, entre ellas la violencia de género y el feminicidio.

Asimismo, las dirigentas destacaron importantes avances incorporados en la Ley del Ministerio Público; entre ellos: la protección especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas (Art.11); la creación de un servicio de atención permanente a las víctimas y sus familiares (Art. 68); el que se deba determinar la política institucional general y los criterios para el ejercicio de la persecución penal y la defensa de la sociedad con equidad de género, igualdad y no discriminación. (Art. 30) y que la capacitación que reciban todas y todos los servidores del Ministerio Público deba contemplar las necesidades de género, generacional, intra e interculturalidad (Art. 96).

Señalaron de manera particular como un avance fundamental las disposiciones de la Ley que establecen la gratuidad tanto en las funciones del Ministerio Público como de la Policía (Art. 10. Art. 17), mismas que deben tener un estricto cumplimiento.

También destacaron como avance el que se establezca, entre las atribuciones de las y los fiscales de materia, la de requerir las medidas para que la víctima (y/o personas afectadas por el delito) reciba atención médica y psicológica de urgencia, derivarlas a las instituciones de Protección, evitar su revictimización y que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; además de la obligación de asegurarse que todos los indicios y elementos de prueba recolectados, especialmente por la víctima, sean debidamente resguardados (Art. 40).

Declararon que desde sus organizaciones e instituciones se mantendrán vigilantes para garantizar que estos y otros avances planteados en la normativa se traduzcan en una mejor y más eficaz práctica de la acción del Ministerio Público, principalmente ante delitos vinculados  a la violencia contra las mujeres.

Las organizaciones e instituciones que participaron de esta iniciativa son la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB), la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), el Comité de Mujeres de la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB), la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO),  el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC), la Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CONTCUPB), la Coordinadora de la Mujer y sus instituciones afiliadas.

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