Por July Rojas M. – Los Tiempos – 26/03/2012. LA ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS COMENZÓ A ELABORAR UN BANCO DE DATOS. Ante el aumento de los casos de acoso y violencia política contra mujeres que ejercen un cargo público en el país, con el fin de “presionarlas” para que renuncien por el solo hecho de ser mujeres, varias instituciones y autoridades, tanto nacionales como internaciones, se han pronunciado sobre la urgencia de que el país cuente con una normativa que sancione estos actos.
En ese marco, varios legisladores se comprometieron a acelerar el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género, que fue planteado hace más de una década. No se tiene estadísticas oficiales de estos casos y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) elabora un banco de datos.
Instituciones como el Defensor del Pueblo y las Naciones Unidas han pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la pronta aprobación de esta normativa, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y los compromisos internacionales suscritos como Estado boliviano, de aprobar normas y políticas que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres.
A estos pedidos se sumaron otras organizaciones, como la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y Acobol, ante el hallazgo el 12 de marzo pasado, del cadáver de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe Apaza (43) cerca del río Orkojawira en La Paz.
Quispe hizo públicas varias denuncias contra los concejales y el Alcalde de ese municipio por no permitirle participar de la sesiones de Concejo, además de constantes amenazas y acosos.
Por ello, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no descarta que se trate de una posible venganza política.
La Acobol informó que la concejala en reiteradas oportunidades dijo haber sido víctima de acoso y violencia política. Este hecho coartaba el derecho ciudadano de Quispe de participar en “la vida política libre de violencia”, derecho reconocido por la CPE.
La ONU exhortó a las instancias correspondientes a tomar medidas para esclarecer y sancionar el “repudiable suceso”.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, también envió una carta al Legislativo en la que expresó que “en vista de la gravedad a la que están llegando los casos (de esta naturaleza), a la brevedad posible (…) se impulse la aprobación de dicha norma que sin duda será un buen mecanismo de protección y garantía para el goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.
La concejala de Cochabamba Ninoska Lazarte, de la Comisión de la Mujer, expresó su “profunda” preocupación por la violencia política y que la muerte de Quispe, que “rebasó los límites tolerables”.
Asimismo, dijo que para exigir el esclarecimiento del crimen, ella y a sus pares del país están dispuesta a trasladarse hasta Ancoraimes o El Alto, para manifestar su repudio contra este tipo de acciones y el acoso político que cada día sufren las mujeres autoridades.
El proyecto de ley
El proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, impulsado por la Acobol y otras instituciones, está en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, listo para su tratamiento.
El presidente de esta Comisión, Lucio Marca, informó que el proyecto de ley regula el derecho político de las mujeres y prevé sanciones administrativas y penales “drásticas” contra los denunciados. La administradora de la Acobol, Jessy López, dijo que el documento que fue trabajado hace más de 10 años, está en su etapa final, y busca sancionar el acoso político a concejales, alcaldesas y otras autoridades públicas mujeres.
López indicó que la normativa sanciona por dos vías: primero por el acoso político que se refiere a amenazas, persecución, llamadas telefónicas, insultos e incluso en no valorar propuestas de mujeres. Segundo, por la violencia política, entendida como las agresiones físicas o psicológicas contra una mujer, en ambos casos (acoso y violencia política) con el propósito de lograr la renuncia involuntaria de la autoridad mujer.
SIN EQUIDAD
• Aunque la CPE garantiza la participación de la mujer, la realidad no refleja esto.
• Ninguno de los nueve departamentos tiene gobernadora.
• Las alcaldesas sólo son el 7%.
• En Cochabamba, sólo hay dos alcaldesas; en Chuquisaca no existe una sola, y en Oruro -donde hay más autoridades ediles mujeres- sólo hay cuatro alcaldesas de 35 municipios.
• En ciudades capitales, hay 46 concejalas de 99 curules, es decir, el 43 por ciento.
“Se asustan y callan”
La Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación (Red-Ada) el 2011, mediante una encuesta, concluyó que en Sucre, La Paz, Beni y El Alto, el 27 por ciento de las mujeres en cargos públicos se “asustan y callan”.
“Violencia política son acciones que van en contra de la integridad física de las personas. Hay secuestros o golpes para que dejen sus cargos y estos hechos no son denunciados”, dijo el coordinador de la institución, Ariel Tito.
La Red publicó un documento en que, como ejemplo de hostigamiento político, cita el caso de Fany Nina, presidenta de la Federación de Junta Vecinales de El Alto, destituida tras ser golpeada e instalar su escritorio en un pasillo.
“He sido dirigente de la Central Obrera de El Alto en la defensa sindical…seguí organizando a mujeres, pero he tenido grandes tropiezos, porque algunos varones me han golpeado… decían tú ¿qué vas a hacer?…tú no puedes. O sea, que las mujeres teníamos que apoyar a los varones nomás, para que sean dirigentes para que ellos ocupen cargos”, cita a Mercedes Márquez, secretaria Ejecutiva de la Federación de Mujeres de El Alto.